Otros $10.421 millones reclama al Minhacienda en cumplimiento de la Ley 1890 de 2018 que reconoce al Instituto Pedagógico Nacional como patrimonio histórico y cultural de la Nación

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) proyectó el monto de sus necesidades financieras adicionales para el 2019, demandas que radicó ante los ministerios de Hacienda y Educación en carta suscrita por su rector Leonardo Fabio Martínez Pérez y que en total alcanzan la cifra de $10.634 millones, más $10.421 millones para el funcionamiento del Instituto Pedagógico Nacional en atención a la Ley 1890 de 2018 que lo declaró patrimonio histórico y cultural.

En una sustentada misiva, el rector de la UPN plantea ante los dos ministros que el gobierno central ha disminuido su participación en los aportes al presupuesto de esa universidad, pasando del 84%  en 1993 al 60.5% en el 2017, mientras que la institución ha debido incrementar sus esfuerzos para reunir recursos a través de generación de ingresos propios con el fin de cubrir ese faltante, llegando a financiar por esta vía el 39.5% del total del presupuesto. No obstante, afirma su rector, las posibilidades de financiación con recursos propios llegaron a su límite.

Esta situación se demuestra al analizar que en 1992 esa universidad contaba con 3.842 estudiantes para lo cual el gobierno giró $3.760 millones, lo que significó un promedio por estudiante de $9.786.569; en 2017, la Pedagógica Nacional había incrementado sus cobertura a 11.700 estudiantes (más de tres veces respecto de 1992), pero sólo recibió $67.233 millones, lo que traducido a promedio resulta en $5.746.410 por estudiante, más de cuatro millones menos que en 1992. 

Adición solo atendería condiciones similares a las de 2018

Con respecto a 2019, indica la misiva, el funcionamiento en condiciones similares a las de la vigencia 2018, exige una partida similar para funcionamiento, “siempre y cuando la universidad mantenga su esfuerzo en gestión de recursos propios… sin posibilidad de abrir concursos para vincular docentes a la planta ni atender las reclamaciones constantes de los docentes ocasionales y catedráticos para el mejoramiento de su vinculación laboral”, señala la comunicación.

Para atender los compromisos de fomento a la calidad formulados por el Ministerio de Educación, la Pedagógica Nacional hubo de proveer dichos recursos mediante la suscripción de vigencias futuras  para la contratación de infraestructura tecnológica, comisiones de estudio doctoral y de maestría y otros programas y procesos, por valor de $6.500 millones; este monto, aunado a las necesidades para completar la base presupuestal para funcionamiento por $4.134 millones, lleva a la cifra final de $10.634 millones adicionales para el próximo año.

“La Universidad Pedagógica Nacional ha hecho, durante los últimos 4 años, un cuidadoso ejercicio administrativo y financiero y un enorme esfuerzo de autofinanciación que le ha permitido mantener el delicado equilibrio presupuestal que hoy ostenta, pero a costa de no poder incrementar cobertura, de no actualizar como es debido su infraestructura física, de no vincular nuevos docentes a su planta y de no poder renovar o actualizar con suficiencia equipos y tecnología y otros servicios académicos para brindar mejores condiciones a sus estudiantes. Este es el costo real de la desfinanciación que agobia a la Pedagógica y en general a las universidades públicas del país. Esperemos que el gobierno nacional por fin entienda las graves consecuencias que para el desarrollo humano colombiano tiene una errada política de financiación de las necesidades de la educación superior”, concluyó el rector Leonardo Fabio Martínez

Cumplimiento de la Ley 1890 de 2018

Por su parte, en otra carta dirigida al ministerio de Hacienda, la institución demandó del gobierno central el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1890 del presente año, que declara al Instituto Pedagógico Nacional (dependiente de esa universidad) como patrimonio cultural e histórico de la Nación, obligando a cubrir la totalidad de su financiación anual que para el 2019 asciende a $10.421 millones, hecho que hasta la fecha no ha sido contemplado de manera explícita en el proyecto de ley de presupuesto que se tramita en el Congreso de la República.